Este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dar a conocer la carta que el titular del Ejecutivo envió en diciembre pasado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, luego de que se liberaran a ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa.
Aunado a lo anterior, López Obrador acusó que en el Poder Judicial hay interés político con la liberación de los militares en la desaparición de los 43 normalistas porque buscan desprestigiar al Ejecutivo y hacerlo quedar mal.
Por lo que, dijo que desde hace 15 días envió una carta a la ministra Piña para advertirle sobre la situación.
“Le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que dé a conocer esa carta, y como si le hubiésemos dicho: libérelos, hace como 15 días, porque ya lo veíamos venir; igual que la (solicitud de) liberación del procurador. Lo que hay es un interés político del Poder Judicial”, declaró el presidente.
Revelan carta de AMLO a ministra
Tras la petición de AMLO, la titular de Gobernación publicó la carta que se envió a la ministra presidenta de la SCJN, “desde el 12 de diciembre sobre la posible liberación de 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa”.
“Ahí le advertimos del riesgo de modificar las medidas cautelares y de la trascendencia de este asunto para el Estado mexicano”, señaló Alcalde.
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En la carta, la secretaria de Gobernación indica la resolución del adoptada en la sesión del jueves 30 de noviembre de 2023 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, integrado por los ministros Francisco Javier Sarabia Ascencio, Juan José Olvera López, y Horacio Armando Hernández Orozco como ponente.
Asimismo, señaló que en la sesión estimaron “fundado” el agravio aducido por los ocho militares inculpados dentro de la causa penal 1/2023 de índice del Juzgado Segundo de Procesos penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca”.
“Cabe señalar que la ejecutoría no ha sido formalmente notificada. En consecuencia, determinó modificar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia a fin de que se emita una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa decretada a los siguientes inculpados relacionados con el caso Ayotzinapa:
- Subtte. Omar Torres Marquillo,
- Sgto 2º Roberto de los Santos Eduviges,
- Sgto 2º Ramiro Manzanares Sanabria,
- Sgto 2º Juan Andrés Flores Lagunas,
- Sgto 1º Gustavo Rodríguez de la Cruz,
- Cabo Uri Yashiel reyes Lasos
- Cabo Eloy Estrada Díaz,
- Cabo Juan Sotelo Díaz”
“Lo anterior resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país. Además, debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de las madres y padres que los buscan”, se indica en la carta.
Cabe resaltar que, el texto del 12 de diciembre, firmado por la secretaria de Gobernación, dice que se confía en el Poder Judicial para velar por el Estado de Derecho, garantizar los derechos humanos de las víctimas y sancionar a los responsables para “no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia”.
Con información de El Universal
*ARD