A un mes del incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, organizaciones que representan a heridos y familiares de quienes fallecieron en la tragedia acusan que la Fiscalía General de la República (FGR) les ha negado el acceso a la justicia.
Cinco organizaciones civiles denuncian que la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la FGR han generado “obstáculos sin precedentes” que impiden la representación de varias de las víctimas del incendio ocurrido el 27 de marzo.
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El coordinador del área de litigio estratégico de la Fundación para la Justicia, Eduardo Rojas Valdés, explicó que el 12 de abril presentó vía electrónica al ministerio público la documentación de representación de dos víctimas —un sobreviviente herido de origen venezolano y la hija de una de las víctimas fallecidas de origen salvadoreño—, pero la autoridad la negó con el pretexto de que no se tiene certeza de la veracidad de las firmas y las identificaciones de las víctimas.
“A diferencia de otros casos vemos mayor resistencia para que las organizaciones de la sociedad civil podamos seguir de cerca lo que está sucediendo (…) nunca habíamos visto tantos obstáculos”, dijo Rojas Valdés.
De hecho, la colaboradora de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Blanca Navarrete, presentó los documentos en las instalaciones del MP ante una persona que se ostentó como “auxiliar del ministerio público a cargo de la investigación” quien tomó una foto de los documentos y la envió a sus superiores en espera de instrucciones, la respuesta fue: “no la recibas”.
“La verdad es que nunca habíamos tenido un tema, incluso a veces ni siquiera piden la rectificación, como está establecido en la Ley general de víctimas, está el principio de buena fe”, aseguró Rojas Valdés
Las organizaciones explicaron a la FGR que las dos víctimas se encuentran en Estados Unidos y no desean regresar a México para ratificar su solicitud de representación legal ante el temor de no poder regresar a suelo estadounidense. Pero no hubo respuesta positiva de las autoridades locales, siendo que el procedimiento puede realizarse por videoconferencia.
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Incluso las organizaciones presentaron una solicitud de amparo para que se permita el trámite, pero fue negado porque se “trataría de una tutela anticipada”.
En otros casos, como en la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en el que en 2011 fueron hallados 195 cuerpos de migrantes, o de Cadereyta en donde 45 migrantes fueron ejecutados y la más reciente en Camargo en 2021 donde 19 personas fueron asesinadas, todas las designaciones de los representantes legales se lograron a través de videoconferencias, esta vez es diferente.
Las organizaciones civiles Fundación para la Justicia (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI), Asylum Access México (AAMX), Uno de Siete Migrando y Dignidad y Justicia en el Camino A.C. FM4 Paso Libre, manifestaron su preocupación de que continúen las investigaciones y el juicio contra los presuntos responsables y al final las víctimas no puedan defenderse oportunamente.
*MG