Abril es el mes para que se apunten quienes aspiren a ser candidatos a gobernadores de Puebla por Morena en 2024.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, se sumó a la lista de aspirantes. La funcionaria federal manifestó su interés de participar en la próxima contienda como la abanderada de Morena a la gubernatura del estado, para ello la chiapaneca tuvo que pedirle permiso a su jefe, el presidente López Obrador.
Argumentó que al tener su residencia en Cuetzalan del Progreso cumple con los requisitos para participar en la encuesta interna. “Ahorita estamos bien centrados en el trabajo que tiene nuestro presidente (...), yo creo que los poblanos van a tomar una muy buena decisión si ellos deciden por una servidora, estoy para servir".
Al mismo tiempo, el delegado del Bienestar, Rodrigo Abdala, manifestó sus intenciones de participar en la encuesta porque considera que tiene capital político para salir elegido por los poblanos. ¿Quién falta?
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El Tribunal Electoral del Estado determinó que Eduardo' Alcántara Montiel, diputado local del PAN, cometió violencia política de género contra Érika de la Vega Gutiérrez en 2021, por lo que será inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por tres años.
En sesión pública, el pleno del TEEP resolvió por unanimidad el asunto para la protección de los derechos político-electorales sociales, en cumplimiento a la sentencia derivada del juicio SCM-JDC-374/2022, resuelto por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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También observaron que Genoveva Huerta, entonces dirigente del PAN en Puebla, fue omisa ante las acusaciones emitidas por la exasperante a la alcaldía de San Pedro Cholula en 2021, municipio que actualmente es gobernado por la suegra del legislador, Paola Angon Silva.
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El diputado local Alcántara acusó una persecución política en su contra, orquestada desde la dirigencia estatal panista, con la que intentarán expulsarlo del partido. Dijo que es un cuadro "incómodo" para el yunque, por tener posturas contrarias al blanquiazul respecto a la situación que guarda el municipio de Puebla, gobernado por Eduardo Rivera Pérez.
"Seguramente es que están todavía ardidos de que no los apoyamos en el nombramiento de quién querían proponer para gobernador, que lo superen (...). La intentona que va a hacer la dirigencia es tratar de expulsarme del partido con diferentes argumentos", destacó el diputado.
Añadió que no litigará las cuestiones jurídicas que lo involucren en los medios de comunicación, cómo suelen hacerlo otros militantes o integrantes de otras fuerzas políticas, y todo lo resolverá en las instancias correspondientes.
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La abogada María Fernanda López Villafuerte dejo de desempeñarse como agente del Ministerio Público en Xicotepec de Juárez. Ello, de acuerdo con trascendidos, que se basan en referencias en la región.
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La también hija de Javier López Zavala fue señalada en varias ocasiones por brindar un trato indebido a las personas que acudían a las instalaciones de la FGE en Xicotepec. Sobre el particular destaca el caso de una mujer, en noviembre de 2022, a quien discriminó.
La mujer originaría de la comunidad de Temaxcal, Tlacuilotepec, sufrió un intento de feminicidio, pero López Villafuerte la hizo regresar en diversas ocasiones y se negó a abrir un caso por la agresión de la que fue objeto. Litigantes denunciaron que pedía recursos económicos a cambio integrar denuncias.
Se supo además que, en las investigaciones del feminicidio de Cecilia Monzón, ex pareja de su padre, ella actuó como cómplice del autor intelectual. El caso quema.
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La Suprema Corte de Justicia determinó que la sentencia que anula la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2024. El
Ministro Juan Luis González Alcántara señalo que para que las dependencias involucradas puedan realizar todos los ajustes administrativos, operativos y presupuestales necesarios.
El Pleno de la Corte invalidó el martes pasado la reforma de septiembre de 2022 a leyes secundarias por la cual el Gobierno pretendió transferir el control de la GN a la Sedena, por violar el artículo 21 de la Constitución, que establece que la corporación es de carácter civil y debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana.
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En la sesión de hoy, luego de una discusión privada, González Alcántara propuso postergar al 1 de enero del próximo año el inicio de los efectos de la sentencia, lo que quiere decir que, en los ocho meses y días que restan de 2023, la reforma seguirá estando vigente.
En este último tema, González Alcántara fue el único disidente, al considerar que el Congreso debió fijar reglas claras de los pagos por apoyo de la GN, para que no se dejen a discreción de las dependencias involucradas ni se hagan cobros excesivos a las entidades.
*ARD