Puebla, Pue. La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Isabel Merlo Talavera, argumentó que el atraso para aprobar un dictamen sobre la Ley de Movilidad y Seguridad Vial obedece a que está evitando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional el procedimiento y dé un revés jurídico a la actual Legislatura.
Calificó como bueno que la Suprema Corte obligue al Congreso a realizar dos consultas ciudadanas, para las comunidades indígenas y para personas con discapacidad.
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Como titular de una de las tres comisiones que tienen la responsabilidad de trabajar en el dictamen, Merlo Talavera cuestionó que se quiere “hacer las cosas bien o hacerlas rápido poniendo en riesgo a la LXI Legislatura”.
Reconoció así que ya vencieron los 180 días que se tenían para armonizar la ley local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, eso no implica que se tenga que trabajar en un dictamen que después será declarado por la SCJN como inconstitucional.
“Yo no estoy señalando a nadie en particular, pero quienes impulsan ideas que no completan como es un proceso legislativo a veces suena como tendencioso. Queremos una Ley de Movilidad, estoy de acuerdo, soy de las más interesadas en tener una ley de movilidad incluyente”.
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Sin precisar nombres, pero si en alusión a los diputados del PAN que han pedido se hagan las consultas, la priista pidió reconocer que no se trata de hacer una consulta ciudadana más sino de dar la importancia que en esta situación lo que se demanda es hacer un ejercicio de inclusión a personas indígenas y con discapacidad.
“Hacer algo a priori representaría un revés jurídico para esta Legislatura si se declara inconstitucional”, insistió.
*ARD