Puebla, Pue. El presidente Eduardo Rivera Pérez aseguró que está dispuesto a aceptar las reformas a la Ley Orgánica Municipal, que propondrá el gobierno del estado de Puebla, para que el Ayuntamiento tenga más facultades en la supervisión de eventos sociales, esto tras la intoxicación de alumnos de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
"Todas aquellas reformas que plantee el gobierno del estado, en su caso algún diputado que permita tener más facultades a los gobiernos municipales, para intervenir en este tipo de situaciones, por supuesto son bienvenidas, estamos muy atentos de tenerlas, aprovecharlas, para que también podamos tener más y mejores facultades", dijo.
Rivera Pérez enfatizó que es la Secretaría de Salud del Estado, es la responsable de supervisar la calidad de las bebidas alcohólicas que se distribuyeron en el evento del fin de semana, y el Ayuntamiento no tiene esa facultad.
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"Si fue un consumo de alcohol adulterado, es una competencia de la Secretaría de Salud, después salieron otras versiones de que los jóvenes se excedieron en el consumo de alcohol, más tarde, salieron otras versiones que el local vendió alcohol, y lo que nosotros inspeccionamos y hay un documento en donde el propio gobierno del estado han inspeccionado en el tema del salón, es que no hubo venta de alcohol", dijo.
Resaltó que el Ayuntamiento es una administración responsable, y prueba de ello es que ha realizado 3 mil 800 inspecciones a bares, locales, esto ha generado la clausura de 630 negocios, de estos 300 fueron sancionados, porque no tienen permisos, para vender alcohol.
"Mi gobierno es un gobierno responsable, que no ha sido omiso, y que hemos nosotros llegado hasta sus últimas consecuencias en cada uno de los casos y hechos que se han presentado. También es importante decirlo que cuando hemos actuado, hemos tenido los elementos, las denuncias, en el momento para llegar al lugar", refirió.
El presidente reiteró que no se han presentado denuncias por parte de jóvenes, o padres de familia, para que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), haga las investigaciones.
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