Finalmente, si empezarán este año la recuperación de hospitales del Seguro Social en Puebla, claro si alcanza el presupuesto y no hay recortes.
El director General del IMSS, Zoé Robledo anunció ayer que en octubre darán inicio las obras para el hospital de San Alejandro, y reconoció que es la UNAM la que tiene bajo su responsabilidad el proyecto ejecutivo.
Citó que la misma complejidad del proyecto es lo que está generando que apenas se esté concluyendo esa vinculación que se tiene entre la UNAM y la Sedena para dar paso a la siguiente fase de la planeación.
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Zoé Robledo anunció ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que prevé que en octubre de este año se dé inició a las obras para que al concluir la edificación se pueda entrar a la siguiente fase del equipamiento y poder empezar a mitigar la faltante de servicio hospitalario en Puebla.
La situación de los hospitales del IMSS obliga a los poblanos a seguir aguantando la saturación de atención en los hospitales San José y La Margarita. Ojalá.
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Lo que faltaba, ayer el gobernador Luis Miguel Barbosa confirmó que se fugó Raúl N., de 32 años de edad, quién se encontraba en prisión domiciliaria en la colonia Seda Monsanto, en la capital poblana.
Explicó que, el ahora prófugo, se enfrenta una pena por feminicidio. Sin embargo, con el nuevo proceso penal acusatorio, una jueza de control, determinó que su sentencia podría ser en su hogar, su escape ocurrió la madrugada del lunes.
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"Una jueza de control, decretó una prisión domiciliaria, hoy bajo el nuevo proceso penal acusatorio, pueden otorgarse por parte de la autoridad judicial, esa figura y créanme que son cosas, son figuras que rebasan todavía la forma de vivir, y entonces le decretaron prisión domiciliaria y le ordenan a la policía estatal resguardar el domicilio", agregó.
Fue en el cambio de turno de este lunes, cuando los policías que llegaban a realizar el relevo se percataron de que el imputado no se encontraba en su domicilio, y en la parte trasera de la casa había un agujero.
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La Fiscalía de Puebla informó que cumplió una orden de aprehensión en contra del presunto responsable del homicidio de un ciudadano de 46 años, de nacionalidad estadounidense. El 4 de agosto de este 2022, la institución tomó conocimiento que fue privado de la vida el dueño del bar “La Mezca” que se ubica en el municipio de San Andrés Cholula.
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La dependencia técnicamente estableció la identidad del presunto homicida, por lo que solicitó y obtuvo orden de aprehensión en su contra. Agentes aprehendieron a Luis N. quien presuntamente provocó el fallecimiento de la víctima al realizar detonaciones de arma de fuego en su contra para después huir del lugar del hecho.
La noche del jueves 4 de agosto el dueño de La Mezca, ubicado en la 6 Norte y 12 Poniente en Cholula, fue asesinado de un balazo en la cabeza. El 5 de agosto, el gobernador Barbosa advirtió que el asesinato del dueño del bar en San Andrés Cholula, podría estar relacionado con el cobro de piso o de deudas. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada ahora que se detuvo al presunto homicida.
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Las reformas aprobadas a diversas leyes para castigar hasta con 10 años y ocho meses de cárcel a los hombres que busquen dañar a las mujeres mediante sus hijos fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado (POE), por lo que oficialmente la Violencia Vicaria ya está penada en Puebla.
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Dos semanas después de que los diputados del Poder Legislativo avalaron tipificar como delito esta modalidad de agresión, la minuta de decreto fue publicada el 3 de agosto en el Periódico, lo que significa que ya entró en vigor y el estado se convirtió en la quinta entidad en sancionar la violencia vicaria.
“Es todo acto u omisión intencional, con el objeto de causar daño a la víctima a través del perjuicio, maltrato, descuido y/o manipulación de las hijas y los hijos; así como el daño o menoscabo del vínculo filial con la víctima”, señala el artículo.
La Violencia Vicaria fue anexada al Código Penal del Estado como una agravante a la violencia familiar, la cual establece que se impondrán de dos a ocho años de prisión.
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Esto quiere decir que aquellos hombres que violenten a las personas del sexo femenino mediante sus hijos podrían ser acreedores de dos años y medio de cárcel a 10 años con 8 meses de cárcel.
En lo que respecta a las multas económicas van de los seis mil 350 a los 25 mil 594 pesos.
*ARD