Si tiene un auto chocolate, a partir del próximo lunes podrá regularizarlo en Puebla.
El decreto para legalizar autos chocolates, del gobierno federal, se implementará en el estado a partir del lunes, por lo que los interesados ya podrán agendar citas para realizar el trámite que tiene un costo de 2 mil 500 pesos y contar con todos los permisos en regla.
Desde Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dijo que cuentan con 77 módulos para realizar el trámite, que están distribuidos en 12 estados.
Informó que tienen cobertura en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas y Nuevo León. Agregó que a partir del lunes el programa llegará a Puebla, aunque no especificó cuántos módulos ni en dónde estarán, hay indicios de que será en la Secretaría de Finanzas estatal.
Rodríguez dijo que el Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, se puso en marcha el pasado 27 de febrero porque el 80 por ciento de delitos son cometidos en autos sin identificar.
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Para generar una cita, requiere agendarla en www.regularizaauto.sspc.gob.mx para luego pagar 2 mil 500 pesos en línea de captura y acudir a la hora y fecha con los requisitos. Hasta el momento van 116 mil 036 vehículos regularizados, con lo que se ha logrado recaudar 290 millones 90 mil pesos, que se aplican en obras de infraestructura.
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El gobernador Luis Miguel Barbosa rechazó que ejerza persecución política o intente fabricar delitos contra su exsecretario de Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado, pero informó de la existencia de denuncias y procesos administrativos en su contra.
Aseguró que en su gobierno “no se persigue a nadie”, pero vio normal que quien es investigado se diga víctima de una persecución como estrategia de defensa mediática.
Confirmó que la Secretaría de la Función Pública sancionó a Cuéllar Delgado por faltas administrativas, dijo al ex secretario “que no se preocupe” si no hizo algo indebido.
Barbosa anticipó que no volverá a hablar del tema porque debe resolverse por la vía judicial, pero reclamó que cuando hizo secretario a Cuéllar Delgado lo invitó para ser parte de “un gobierno honesto” y no para ser abogado laborista.
Por su parte, el exsecretario del Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado expresó su “temor fundado” de que el gobierno del estado pretende privarlo de su libertad, acusándolo falsamente y apeló a la “ciudadanía poblana” para que “se mantenga vigilante” de que no se vulneren sus derechos humanos ni se comenta un atropello en su contra.
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En un posicionamiento, el ex funcionario señala que tiene conocimiento que el pasado miércoles 1 de junio, por órdenes del Consejero Jurídico, Carlos Palafox Galeana, y del Secretario de Trabajo Gabriel Biestro, fueron llevados ante la Fiscalía, directores, subdirectores y jefes de departamento de la Secretaría de Trabajo, a ratificar una denuncia penal en su contra, con intención de afectar su trayectoria personal y profesional.
Agregó que las acusaciones que ha proferido el gobernador en su contra, por una presunta colusión en la defensa de trabajadores que fueron despedidos en el gobierno de Rafael Moreno Valle y por la que el gobierno del estado pagó más de doscientos millones de pesos.
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El abogado laborista llama a la prudencia política y a la “rectificación del gobierno en este intento por criminalizar mi desempeño como servidor público. No pretendo ningún cobijo de impunidad porque no he cometido delito alguno”.
El 18 de mayo, el gobernador declaró que su administración había pagado más de 230 millones de pesos por perder litigios laborales, situación que atribuyó a la incompetencia de los abogados del gobierno, en complicidad con quien fuera su secretario de Trabajo.
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Javier López Zavala, su sobrino Jair Mauricio, y Santiago N, su ex secretario particular, quedaron vinculados a proceso por el feminicidio de la activista, abogada y feminista, Cecilia Monzón Pérez.
Tras la exposición de datos de prueba el juez de la causa dictó auto de vinculación a proceso para los dos, además ordenó que sobre ellos prevaleciera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
El juez de control otorgó un plazo de cuatro meses para investigación complementaria, para la aportación de datos de prueba tanto por parte de la defensa del asegurado como del agente del Ministerio Público.
En cuanto a Jair Mauricio D. R., sobrino de Javier López Zavala, también quedó vinculado a proceso y seguirá en prisión, según determinó el juez en la noche del sábado.
El juez de la causa encontró suficientes elementos para suponer la participación del detenido Jair Mauricio como presunto autor material del asesinato de la abogada que contaba con doble nacionalidad, la mexicana y la española.