FGR estrena prisión preventiva oficiosa con siete encarcelamientos por delitos graves
Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a aplicar la prisión preventiva oficiosa conforme a la reforma constitucional que entró en vigor el 1 de enero de 2025, se permite encarcelar de manera inmediata a los presuntos responsables de ciertos delitos graves, sin necesidad de presentar pruebas adicionales o justificar riesgos como fuga o peligro para las víctimas.
Primeros casos registrados
En los primeros días del año, la FGR reportó la detención de siete personas acusadas de delitos como secuestro, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de drogas. Estos individuos fueron presentados ante jueces de control que, atendiendo a la literalidad de la nueva normativa, otorgaron la prisión preventiva oficiosa sin requerir pruebas adicionales más allá de la gravedad de los cargos.
La reforma implica que los jueces, tras verificar la legalidad de las detenciones, están obligados a ordenar la prisión preventiva para los delitos especificados, eliminando interpretaciones o valoraciones adicionales. Delitos como el robo de hidrocarburos, trata de personas, feminicidio y enriquecimiento ilícito ahora también son sujetos a esta disposición.
Impacto en los derechos humanos
La aplicación automática de la prisión preventiva ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos. Organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX advierten sobre posibles violaciones a los derechos fundamentales, particularmente en casos donde la evidencia inicial podría ser cuestionable o insuficiente.
Migrantes en Neza Bordo
En un caso reciente, polleros que transportaban a 83 migrantes fueron detenidos en flagrancia. Aunque bajo el esquema previo se hubiera requerido presentar pruebas adicionales para justificar la prisión, la reforma permite su encarcelamiento inmediato. Este cambio refleja la nueva postura del sistema judicial hacia delitos relacionados con crimen organizado y trata de personas.
Por lo que, la reforma busca evitar que acusados por delitos graves evadan el proceso judicial. Sin embargo, también señala que todas las autoridades del país, incluidos los Ministerios Públicos estatales, deben alinearse a la literalidad de la norma, derogando cualquier disposición contraria.
Mientras las autoridades buscan garantizar la aplicación de justicia expedita, críticos argumentan que se debilita el principio de presunción de inocencia. Casos como el robo a casa habitación o extorsión son especialmente vulnerables, ya que las acusaciones podrían derivar en prisión automática sin un análisis previo de las circunstancias.
Con información de Crónica
*ARD
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