Habitantes de Huejotzingo y sus juntas auxiliares viven inseguridad, corrupción y nepotismo
Huejotzingo, Pue- En un escenario de inseguridad, corrupción, pésima decisiones administrativas y nepotismo en el ayuntamiento, viven los habitantes de Huejotzingo y sus juntas auxiliares.
Por ejemplo, a más de dos años de que la presidenta municipal Angélica Alvarado Juárez expulsó a los comerciantes del mercado municipal de Huejotzingo con el uso de la fuerza pública, y aunque el lugar fue reinaugurado, los locatarios no han podido regresar a sus puestos y denuncian que la edil pretende venderles tanto los locales, como las bodegas en montos que van de los 150 mil hasta los tres millones de pesos.
En octubre de 2020 los comerciantes del mercado municipal Hermanos Serdán fueron desalojados por elementos de la Policía Municipal, con el pretexto de ejecutar un proyecto de reconstrucción.
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Después de año y medio de obra, en abril pasado, el mercado fue reinaugurado por el gobernador Luis Miguel Barbosa, pero los comerciantes no han ocupado las nuevas instalaciones, ya que la presidenta Angélica Alvarado no ha permitido su regreso a sus espacios de trabajo.
Los comerciantes continúan vendiendo sus productos en el predio habilitado por el Ayuntamiento en donde se colocaron estructuras y lonas. Denuncian conflictos en la repartición de lugares, pues señalan que la alcaldesa vende los espacios que prometió se entregarían a las personas que la apoyaran en su campaña de reelección.
Por los lugares que miden 3 metros por 2.5 metros piden 150 mil pesos, mientras que las bodegas que miden 10 por 4 superan los tres millones de pesos su costo.
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A más de dos años de que fueron desalojados los comerciantes de sus áreas de trabajo no tiene fecha para regresar a las nuevas instalaciones reinaugurada desde hace más de 8 meses.
Los habitantes de Huejotzingo viven en medio de la inseguridad por ser un paso nodal de municipios donde predomina el huachicol, la trata de personas, el robo de autos y recientemente el cobro de piso a comerciantes e industriales, sin que la autoridad municipal ponga un alto al crimen organizado que asola la región.
En ese municipio se han encontrado fosas clandestinas y han detenido a capos de bandas criminales y a pesar de las declaraciones, los delitos crecen todos los días.
Huejotzingo es el municipio con más permisos para extraer agua, hasta 2021 había expedido 128 títulos para extraer 19 millones, 354 mil 908 metros cúbicos al año, al ser parte de una zona industrial que no ha dejado de crecer. También es la franja con menos permisos agrícolas y más autorizaciones industriales para la explotación de acuíferos.
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El ayuntamiento permite a las empresas tirar sus desechos al drenaje municipal que va a dar precisamente a los ríos, todo ello en el manto protector que genera la corrupción, en la que están involucradas las autoridades municipales, empezando por la presidenta.
La Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 10/2017 dirigida a los tres niveles de gobierno de estados de Puebla y Tlaxcala sostiene que la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac o Hueyapan y sus afluentes por aguas residuales, es un agravio a la salud en la zona centro del país, pero constituye un peligro mayor para los habitantes de los municipios de primer contacto, como San Martín Texmelucan y Huejotzingo en Puebla.
La Recomendación de la CNDH explica que la contaminación de los ríos y sus afluentes por sustancias químicas puede provocar profundos daños por sus implicaciones adversas en los sistemas reproductivos, inmunológicos, endócrinos y desarrollo de los habitantes que se localizan en esas zonas y que usan el agua como sustento vital.
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Con esta Recomendación, por primera vez en el país, se reconoció oficialmente que existe un nexo causal entre la contaminación de los ríos, la falta de saneamiento de las aguas residuales municipales e industriales y la incidencia de enfermedades crónico degenerativas en la población.
En tanto, el ayuntamiento de Huejotzingo deberá transparentar en breve los permisos otorgados a empresas para descargar aguas residuales al río Atoyac desde 2017, así como el presupuesto invertido en su tratamiento y el procedimiento para el saneamiento, medidas urgentes a las que está obligado el gobierno municipal en la Recomendación 10/2017 de la CNDH.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue) lo determinó, luego que el gobierno municipal, encabezado por Angélica Alvarado, niega sistemáticamente la información a un ciudadano, insistiendo en que “era incompetente para dar respuesta” porque no conocía los datos solicitados.
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El pleno del Instituto resolvió el expediente RR–1528/2022 abierto contra el ayuntamiento de Huejotzingo.
Los comisionados revelaron que, al cuestionar su falta de respuesta, el gobierno municipal de Huejotzingo insistió en que había proporcionado al ciudadano un acta de Comité de Transparencia con la “confirmación de su incompetencia para responder”, pero aseguraron que el ciudadano fue orientado para que preguntara al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo (Sosapahue).
La comisionada Harumi Fernanda Carranza estableció que el ayuntamiento de Huejotzingo sí cuenta con atribuciones para dar respuesta y ordenó que el área de transparencia turnara la solicitud de acceso a todas las áreas competentes incluyendo el Sosapahue para luego entregarla al ciudadano y “proporcionar la respuesta puntual a los requerimientos”.
Pidió al ayuntamiento –basado en la Recomendación No.10/2017, emitida por la CNDH– las versiones públicas de los permisos de descargas de aguas residuales a la red de alcantarillado municipal (y/o la renovación de los ya existentes) dentro del periodo comprendido del año 2017 a la actualidad.
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Solicitó evidencias de las pruebas que tiene el ayuntamiento, del cumplimiento por parte de las empresas o personas morales referente a los contaminantes en sus descargas, además del presupuesto invertido al tratamiento de aguas residuales y el procedimiento que se lleva a cabo para el saneamiento del río Atoyac.
El ayuntamiento está obligado a dar respuesta, sólo que hasta ahora no ha cumplido y en cambio ha permitido irregularidades con lo que está cometiendo delitos graves por su negligencia y omisión.
Pero no sólo eso, la presidenta Alvarado Juárez impuso a su prima, Lizeth Fuentes Alvarado, como secretaria de vinculación de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo con un salario de 54 mil pesos al mes.
Así se maneja políticamente la administración de Huejotzingo con una presidenta municipal que fue postulada por la alianza que encabeza Morena y ahora ha empezado a trabajar en la región a favor de Acción Nacional. Prevalecen en las autoridades de ese municipio: la corrupción y la deslealtad.
*ARD