La creciente problemática del despojo ilegal de viviendas en México ha tocado fondo en Puebla, donde un joven abogado denunció haber sido víctima de un fraude judicial que le arrebató su propiedad. Juan Carlos Ruiz, especialista en derecho laboral y activo en redes sociales, aseguró que su casa fue adjudicada como parte del pago de una deuda ajena, sin que él participara en el proceso legal que se resolvió en otro estado: Oaxaca.
El caso, que ha comenzado a viralizarse, revela indicios de un cártel inmobiliario que estaría operando mediante contubernios entre autoridades judiciales y actores privados, aprovechando vacíos legales para apropiarse de inmuebles legítimamente adquiridos.
Adjudicación sin notificación y fuera del estado
La propiedad de Juan Carlos, ubicada en la colonia Gobernadores de Cholula, fue adquirida legalmente en 2023 a través de un crédito hipotecario otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El joven cumplía puntualmente con sus pagos cuando decidió poner la casa en renta.
No obstante, todo cambió cuando sus inquilinos lo contactaron para informarle que habían sido desalojados violentamente por un grupo de personas que portaban una supuesta orden judicial. Según los agresores, la vivienda fue adjudicada como pago de una deuda en un juicio celebrado en Oaxaca, aunque Juan Carlos nunca fue parte del litigio ni recibió notificación alguna.
Irregularidades judiciales evidentes
La denuncia pública expone múltiples irregularidades en el proceso:
El juicio se resolvió fuera del estado donde se ubica el inmueble, lo que genera dudas sobre la jurisdicción.
El actuario judicial que practicó la diligencia afirmó que el terreno estaba vacío, pese a que la casa estaba habitada.
El inmueble se encuentra hipotecado con Infonavit, por lo que su adjudicación sin intervención del instituto resulta ilegal.
Juan Carlos Ruiz advirtió que su caso no es aislado. Según sus declaraciones, al menos siete familias más en la misma calle han sido víctimas de despojos similares, lo que sugiere un patrón sistemático vinculado a un cártel inmobiliario que opera impunemente.
Sospechan red de corrupción inmobiliaria
El afectado responsabilizó a un grupo delictivo que, en complicidad con funcionarios judiciales, estaría promoviendo juicios ficticios para apoderarse de viviendas habitadas y registradas legalmente. Este modus operandi vulnera no solo el derecho a la propiedad, sino también la confianza en el sistema judicial mexicano.
“Ese sueño de tener una casa para mí y mi familia se convirtió en una pesadilla por culpa de un cártel inmobiliario que opera al margen de la ley”, denunció Juan Carlos Ruiz a través de sus redes sociales.
El joven abogado ha hecho un llamado a la ciudadanía y a las autoridades federales para frenar esta práctica:
“Esto que me pasó hoy te puede pasar a ti. Háganlo por nuestras familias, por el derecho que tenemos a vivir en un México en paz”.
Autoridades deben intervenir
Hasta el momento, el Infonavit no ha emitido un posicionamiento público sobre el caso, a pesar de ser el titular de la hipoteca. Diversos usuarios y activistas han exigido a la Fiscalía General del Estado de Puebla y al Poder Judicial de Oaxaca una investigación profunda sobre los jueces, actuarios y posibles beneficiarios involucrados.
La situación revive cuestionamientos sobre los vacíos legales que permiten el despojo patrimonial en México, particularmente en estados donde el sistema judicial es vulnerable a prácticas de corrupción.
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