La clausura del asilo Santa Sofía en San Luis Potosí reveló una presunta red de maltrato a personas adultas mayores. El centro, ubicado en la calle Fray Diego de la Magdalena #855, fue cerrado tras la difusión de videos en redes sociales que mostraban violencia física y verbal por parte del personal. Las imágenes provocaron indignación y un llamado urgente por parte de organizaciones civiles para garantizar la seguridad de los residentes.
Estancia clandestina operaba sin registro oficial ni supervisión sanitaria
Según registros del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), actualizados a diciembre de 2024, Santa Sofía no figura entre las estancias autorizadas. Además, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) no ha confirmado si el lugar contaba con licencia sanitaria vigente, lo que sugiere que operaba fuera del marco normativo.
La noche anterior al cierre, los residentes comenzaron a ser retirados del lugar, y hoy el inmueble permanece vacío. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya inició una investigación formal.
El centro era administrado por un médico geriatra y una psicóloga, cuya identidad no se revela por motivos legales. Sin embargo, la directora identificada como Águeda, afirmó en un comunicado que los videos fueron manipulados por exempleados en represalia por un conflicto laboral.
Organizaciones civiles y sociedad exigen justicia y regulación
Cuidadoras Potosinas, encabezada por Mariana Hernández Noriega, pidió localizar a los familiares de los adultos mayores para conocer su situación médica actual. “Algunos residentes requerían atención médica especializada y cuidados constantes por condiciones como enfermedades crónicas o deterioro cognitivo”, advirtió.
La clausura de Santa Sofía pone en evidencia las deficiencias en el sistema de cuidados para adultos mayores en México. En San Luis Potosí, solo 14 asilos están registrados ante INAPAM, frente a los más de 1,200 existentes en todo el país. Esta brecha alimenta la proliferación de estancias clandestinas sin supervisión, como la clausurada.
A pesar de que entre 2016 y 2022 COEPRIS reportó 476 inspecciones, no se documentaron sanciones públicas, lo que cuestiona la eficacia del sistema de vigilancia. La Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, que regula el funcionamiento de estos centros, exige licencias sanitarias, planes de atención integral y responsables legales, requisitos que aparentemente no cumplía Santa Sofía.
Por otro lado, familiares de los residentes revelaron que el centro tenía capacidad legal para atender hasta 20 personas, aunque en fechas recientes albergaba entre 10 y 15 adultos mayores, algunos con mensualidades por debajo de los $5,000 pesos, lo que podría explicar las carencias en el servicio.
Este caso no es un hecho aislado. En 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones tras detectar riesgo de tortura y condiciones indignas en otros centros de la entidad. La clausura de Santa Sofía subraya la urgencia de reformar el sistema nacional de cuidados, mejorar la inspección y sancionar a quienes violen los derechos de las personas mayores.
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