Inicia el TSJ juicios orales familiares en Chignahuapan
Puebla, Pue. El Poder Judicial del Estado informó que a partir de este lunes 11 de julio inicia la implementación de juicios orales en materia familiar en el distrito judicial de Alatriste, con sede en Chignahuapan, con lo cual podrán desahogarse de forma ágil y sencilla procedimientos relacionados a divorcios incausados, guarda y custodia, alimentos, visita y convivencia.
De esta forma y con una visión de justicia de proximidad, se beneficia directamente a la población de los municipios de Aquixtla, Ixtacamaxtitlán y Chignahuapan, que integran este distrito judicial en la Sierra Norte.
Los juicios se desahogarán en la Ciudad Judicial de Chignahuapan donde, por acuerdo del Consejo de la Judicatura, se creó el Juzgado de Oralidad en materia Familiar, al cual se dotó también de competencia por un periodo de seis meses para atender los juicios ya mencionados, concernientes al municipio de Zacatlán.
Te sugerimos: JUSTICIA DIGITAL. El TSJ avanza con notificaciones digitales y va por la firma electrónica en procedimientos
Para iniciar un procedimiento oral familiar, las partes deben acudir a la Oficialía Común de Partes de Ciudad Judicial de Chignahuapan, ubicada en el Libramiento Carretero sin número, Barrio Teoconchila, entre calle Manuel Rivera Anaya y calle Romero Vargas, donde se les asignará un turno de audiencia ante el juez.
Los juicios orales familiares son una vía ágil para desahogar procedimientos, pues no requieren de una demanda escrita, todas las audiencias se realizan con la presencia del juez o jueza que escuchan directamente a las partes, valora los elementos presentados y emite una resolución en cada audiencia.
Cabe destacar que el Juzgado de Oralidad en materia Familiar del Distrito Judicial de Alatriste cuenta una sala de audiencias; una sala de conciliación; despacho de Juez; área de Secretario, y área de auxiliar administrativo, con lo que se garantizan espacios adecuados y dignos para la atención a las y los ciudadanos.
El Poder Judicial del Estado está comprometido con garantizar una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.