Puebla, Pue. Una pareja poblana es señalada por un presunto fraude de entre 220 y 300 millones de pesos, mediante un esquema de inversiones y préstamos que habría afectado a alrededor de 200 personas en ocho estados de México, de acuerdo con las denuncias y testimonios de quienes aseguran haber entregado sus ahorros.
Los señalados son Gerson Alan García Barrios y su esposa, Coral Elizabeth Icelo Karam, quienes presuntamente captaban recursos a través de la firma GI Consultores, aprovechando relaciones de confianza construidas en entornos escolares y mediante actividades relacionadas con la comercialización de seguros.
Según los afectados, las operaciones cuestionadas comenzaron desde 2019 y se extendieron a Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Nuevo León y Jalisco.
Los denunciantes sostienen que recibieron propuestas de inversión con rendimientos mensuales elevados, además de solicitudes de préstamos que supuestamente estarían respaldados por contratos y licitaciones gubernamentales.
Sin embargo, aseguran que los pagos prometidos dejaron de llegar y que tampoco lograron recuperar los recursos entregados.
Las cantidades señaladas corresponden a estimaciones de los denunciantes y no a un monto establecido mediante una sentencia judicial.
¿Cómo habría operado el presunto fraude de GI Consultores?
De acuerdo con los testimonios, el mecanismo comenzaba con el establecimiento de relaciones personales de confianza, principalmente entre familias que tenían contacto en ambientes escolares o mediante la contratación de pólizas de seguros.
Esta cercanía habría facilitado que los señalados ofrecieran oportunidades de inversión y solicitaran dinero a personas que ya conocían.
Los afectados describen un esquema en el que se utilizaban contratos de mutuo, documentos legales empleados para formalizar préstamos, acompañados de promesas de rendimientos mensuales.
La existencia de un contrato de mutuo no constituye por sí misma un delito. Las denuncias se relacionan con las circunstancias en que se habría obtenido el dinero y con el presunto incumplimiento de las condiciones ofrecidas.
Entre los argumentos mencionados por las personas afectadas estaba la existencia de una supuesta licitación ganada con el Gobierno de Puebla, para la cual se requerían recursos adicionales.
Los denunciantes aseguran que esta explicación fue utilizada para solicitar préstamos, bajo la promesa de que las operaciones comerciales permitirían devolver el capital y generar ganancias.
No obstante, la existencia de esa licitación y su relación con GI Consultores no han sido acreditadas mediante documentación oficial verificada.
Ofrecían rendimientos elevados por inversiones y préstamos
Uno de los testimonios sobre el caso corresponde a Guillermo Ruiz Díaz, quien declaró haber entregado 1.5 millones de pesos después de recibir una propuesta de inversión.
Según su relato, le ofrecieron un rendimiento mensual de 4.5 por ciento, cantidad que representaría 67 mil 500 pesos al mes sobre el capital mencionado.
El afectado señaló que la apariencia de solvencia económica de Gerson Alan García Barrios influyó en la confianza que depositó en la operación.
Otros denunciantes describieron promesas similares, relacionadas con inversiones y préstamos que supuestamente permitirían obtener ganancias periódicas.
Las personas afectadas también mencionaron la utilización de actividades vinculadas con seguros e inversiones en criptomonedas como parte de las ofertas que les fueron presentadas.
Sin embargo, estas referencias no demuestran participación institucional de una aseguradora ni permiten establecer que todas las operaciones denunciadas funcionaran de la misma manera.
Perdió más de 5 millones de pesos y asegura temer por su vida
Entre las personas que hicieron públicas sus denuncias se encuentra Azalea Cepero, quien afirmó haber perdido más de cinco millones de pesos tras entregar recursos a los presuntos responsables.
La afectada relató que, después de enfrentar a las personas señaladas, comenzó a sentir temor por su seguridad.
“Yo sí temo por mi vida, no te voy a decir que no, porque ellos solos no trabajan”, declaró al describir su preocupación por las posibles consecuencias de denunciar.
Su testimonio también aborda las relaciones de confianza que, según los afectados, permitieron acercar las propuestas de inversión a distintas familias.
Cepero señaló que hubo personas que entregaron cantidades importantes de dinero después de conocer a los señalados mediante actividades cotidianas y relaciones comerciales.
Una de las situaciones relatadas por los denunciantes corresponde a una mujer que habría entregado recursos procedentes del patrimonio que dejó su esposo fallecido.
Según ese testimonio, la afectada acudió a las oficinas donde operaban los señalados para solicitar la devolución del dinero, debido a que dependía económicamente de esos recursos para mantener a su hija.
El relato ilustra las consecuencias familiares que las personas denunciantes atribuyen al presunto incumplimiento de los préstamos e inversiones.
También denuncian pérdida de ahorros y finiquitos laborales
Otro de los testimonios corresponde a Zamir Lima, quien aseguró haber perdido más de 200 mil pesos provenientes de su finiquito laboral.
De acuerdo con su declaración, entregó esos recursos bajo la expectativa de obtener ganancias mediante las operaciones que le fueron ofrecidas.
Las denuncias también incluyen a personas que aseguran haber comprometido ahorros familiares y cantidades destinadas a su estabilidad económica.
En septiembre de 2026, afectados hicieron públicas acusaciones por pérdidas estimadas en al menos 200 millones de pesos, relacionadas con alrededor de 200 personas.
Posteriormente, los testimonios difundidos en noviembre elevaron la estimación de las pérdidas a un rango de 220 a 300 millones de pesos, con señalamientos que abarcan ocho entidades.
Estas cifras no constituyen un balance oficial del daño patrimonial y podrían incluir cantidades pendientes de comprobar o recuperar.
Pareja señalada por fraude habría mantenido vida de lujos
Los denunciantes también describieron un estilo de vida de alto poder adquisitivo atribuido a Gerson Alan García Barrios y Coral Elizabeth Icelo Karam.
En sus testimonios mencionaron vehículos de lujo, ropa de marca y una apariencia de prosperidad económica, elementos que, según algunos afectados, contribuyeron a generar confianza en las oportunidades de inversión.
La imagen de solvencia habría influido en la decisión de algunas personas de entregar recursos, especialmente cuando ya existían vínculos personales con los señalados.
Sin embargo, la posesión de bienes costosos o el uso de prendas de marca no demuestra la comisión de un delito ni permite establecer el origen de los recursos utilizados para adquirirlos.
Los afectados sostienen que las operaciones relacionadas con GI Consultores continuaron pese a los reclamos de devolución, señalamiento cuya situación actual requiere confirmación oficial.
Denuncias contra GI Consultores comenzaron a difundirse en septiembre
El caso cuenta con antecedentes públicos desde septiembre de 2026, cuando Azalea Cepero y otras personas denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con GI Consultores.
En ese momento, los afectados solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y señalaron pérdidas millonarias derivadas de operaciones financieras.
En publicaciones posteriores se informó que al menos 117 personas habrían firmado contratos de mutuo, de acuerdo con los testimonios de quienes dieron seguimiento a las denuncias.
La cifra permite dimensionar la cantidad de operaciones señaladas, pero no establece por sí misma cuántos contratos fueron incumplidos ni cuántas conductas podrían constituir delitos.
Las denuncias hechas públicas en septiembre y noviembre coinciden en señalar promesas de rendimientos, préstamos y dificultades para recuperar el capital entregado.
¿Qué se sabe de la investigación por el presunto fraude?
Las personas afectadas han solicitado que las autoridades investiguen las operaciones atribuidas a Gerson Alan García Barrios, Coral Elizabeth Icelo Karam y GI Consultores, además de esclarecer el destino de los recursos.
Hasta la información pública revisada, no se cuenta con una sentencia judicial que acredite la responsabilidad penal de los señalados ni con una resolución que establezca como definitivo el monto de 300 millones de pesos.
Tampoco se verificaron órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso o una determinación oficial sobre la posible existencia de una estructura delictiva.
Los hechos denunciados requieren establecer las condiciones en que se entregó el dinero, la documentación utilizada, las promesas realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Mientras tanto, las personas que hicieron públicas las acusaciones mantienen sus reclamos por las pérdidas económicas que aseguran haber sufrido.
¿Cómo detectar señales de alerta antes de entregar dinero para una inversión?
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda verificar a las instituciones y revisar las condiciones de cualquier producto antes de comprometer recursos.
Entre las señales que justifican una revisión cuidadosa se encuentran las promesas de rendimientos extraordinarios, la falta de información sobre el destino del capital y las operaciones sustentadas únicamente en relaciones personales.
También es importante verificar los datos de quien recibe el dinero, revisar los contratos y comprobar cualquier supuesto respaldo empresarial o gubernamental.
El registro de una institución financiera no significa que todas las inversiones ofrecidas en su nombre estén garantizadas.
En el caso de GI Consultores, las acusaciones deberán ser investigadas por las autoridades competentes para determinar si existieron conductas delictivas y las posibles responsabilidades individuales.
Las personas señaladas conservan su presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial que establezca lo contrario.
*ARD