Puebla, Pue.- Un Tribunal de Enjuiciamiento impuso una sentencia acumulada de 61 años y 3 meses de prisión a Sesar Senén N., de 51 años, tras ser declarado penalmente responsable de feminicidio y delitos vinculados con la desaparición de personas en el municipio de Teziutlán.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que la condena fue obtenida mediante investigaciones ministeriales, pruebas científicas y el desahogo del juicio oral por hechos registrados el 24 de abril de 2024.
Víctima trabajaba para el ahora sentenciado
De acuerdo con las indagatorias, la víctima era una mujer de 27 años que trabajaba para el sentenciado.
La FGE estableció que ese día fue retenida contra su voluntad dentro de un establecimiento dedicado a la venta de alimentos, ubicado en la zona centro de Teziutlán.
En ese lugar, el hombre privó de la vida a la víctima y posteriormente realizó acciones para ocultar el cuerpo y tratar de encubrir el crimen.
Fiscalía acreditó feminicidio y desaparición de personas
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
Mediante el seguimiento ministerial y pericial, así como las pruebas presentadas durante el juicio oral, la representación social acreditó ante la autoridad judicial la responsabilidad de Sesar Senén N.
El Tribunal de Enjuiciamiento determinó imponerle 45 años de prisión por feminicidio, además del pago de una multa económica.
Por los delitos vinculados con la desaparición de personas, recibió otra pena de 16 años y 3 meses de cárcel, también acompañada de una sanción económica.
La suma de ambas condenas alcanza 61 años y 3 meses de prisión.
Reparación del daño podrá exigirse en fase correspondiente
La autoridad judicial también dejó a salvo los derechos relacionados con la reparación integral del daño a favor de las víctimas indirectas.
Estos podrán hacerse valer en la fase procesal correspondiente, conforme al procedimiento establecido.
La FGE señaló que la resolución forma parte de las acciones de procuración de justicia con perspectiva de género frente a delitos que atentan contra la vida y dignidad de las mujeres.
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