Rommel murió bajo custodia en el Penal de San Miguel en Puebla; FGE investiga qué ocurrió

El viernes 31 de julio, agentes ministeriales y peritos ingresaron al penal de San Miguel después de que se reportó la muerte de un interno. Dentro del centro penitenciario estaba el cuerpo de Rommel P. C., de 29 años. Las autoridades realizaron el levantamiento, procesaron los indicios y abrieron la carpeta FGEP/EAT/FIM/MARGARITA-I/025707/2026.

La escena dejó dos posibilidades abiertas. Una versión extraoficial apunta a una autoagresión; otra sostiene que el cuerpo presentaba lesiones y marcas compatibles con ahorcamiento que también obligan a investigar la posible intervención de otra persona. La necropsia deberá establecer la causa médica de la muerte y determinar cuándo y cómo fueron producidas las lesiones. Hasta ahora, ni el homicidio ni la autoagresión están confirmados.

Pero la investigación no puede agotarse en lo que revele el cuerpo. Rommel no murió en una calle, una vivienda o un lugar abandonado. Murió dentro de una institución controlada por el Estado, donde cada acceso, dormitorio, rondín y movimiento debería estar sujeto a vigilancia. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ya estableció que las autoridades penitenciarias tienen un deber reforzado de custodia sobre quienes se encuentran privados de la libertad.

Al cierre de esta investigación, no se localizaba un posicionamiento público específico de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla sobre cómo fue encontrado el interno, en qué área ocurrió el deceso, quién pidió ayuda o qué protocolos se activaron. El silencio pesa más porque la dependencia administra el penal y porque el caso llega después de advertencias, decomisos y denuncias que ya habían colocado a San Miguel bajo vigilancia pública.

Una muerte después de una advertencia formal

El 5 de enero de 2026, otro interno fue atacado con un objeto punzocortante dentro de la celda B-13. Aunque fue trasladado para recibir atención médica, murió por las lesiones. La investigación de derechos humanos documentó que la agresión ocurrió dentro del penal y concluyó que servidores públicos incurrieron en acciones y omisiones que vulneraron la seguridad jurídica de la víctima.

El 28 de abril, la Recomendación 12/2026 de la CDH Puebla ordenó mejorar las revisiones, crear mecanismos para reportar instrumentos peligrosos, capacitar al personal y establecer controles capaces de identificar conflictos entre internos. También exigió registrar rondines y fortalecer la prevención dentro de dormitorios y estancias.

“Crear un mecanismo operativo permanente de prevención de violencia letal”

La frase no era una recomendación decorativa. Pedía una estructura permanente para evitar que otro interno muriera dentro del mismo centro penitenciario. Ahora, la muerte de Rommel obliga a responder si ese mecanismo fue creado, cómo operaba y qué hizo durante sus últimas horas.

Puntas, armas y celulares detrás de los muros

El problema de los objetos prohibidos tampoco era desconocido. El 19 de junio, una revisión oficial dentro del penal de Puebla permitió asegurar 63 puntas hechizas, 33 armas punzocortantes, 44 recipientes para consumo de sustancias, 17 teléfonos celulares y tres máquinas para tatuar.

La SSP presentó aquel operativo como parte de una estrategia permanente para preservar el orden y garantizar espacios seguros. Sin embargo, la cantidad de armas y artículos encontrados reveló que durante algún tiempo circularon dentro de un inmueble sometido, en teoría, a controles de ingreso y revisiones constantes. El decomiso fue un resultado, pero también la evidencia de una falla previa.

Por eso, los peritajes del caso Rommel deben acompañarse de una revisión interna: qué custodios estaban de turno, cuáles rondines fueron registrados, si existían cámaras funcionales, quiénes compartían el área con él y cuánto tiempo pasó entre el último contacto con vida y el aviso de su fallecimiento.

Las denuncias de cobro de piso y extorsión en San Miguel

Cuatro días antes de que se reportara la muerte, un grupo de personas se manifestó afuera de San Miguel. Durante la protesta denunciaron presuntos cobros de piso, extorsiones, cuotas por visitas íntimas, alquiler de líneas telefónicas y control de actividades por parte de algunos internos. Los señalamientos fueron expresados públicamente, pero no se acompañaron de pruebas que permitan considerarlos hechos acreditados.

La SSP reconoció la concentración y los señalamientos contra personal de custodia, aunque sostuvo que los manifestantes evitaron acreditar su parentesco con personas privadas de la libertad. En su comunicado del 27 de julio, la dependencia informó que revisaría las peticiones y abriría las investigaciones internas que resultaran procedentes.

Las denuncias no demuestran que Rommel haya sido extorsionado ni que su muerte esté relacionada con una deuda o un cobro ilegal. Vincular ambos hechos sin evidencia convertiría una sospecha en sentencia. Sin embargo, tampoco pueden ser barridas del contexto: fueron presentadas días antes de una muerte todavía inexplicada y obligan a preguntar qué encontró la investigación interna anunciada por la SSP.

Hasta ahora, no existe información pública que confirme resultados, sanciones, traslados o expedientes derivados de esas acusaciones. La autoridad prometió revisar; el siguiente paso es demostrar qué revisó.

La necropsia explicará la muerte, no toda la responsabilidad

La Fiscalía debe determinar si Rommel se quitó la vida o si alguien más intervino. Para ello tendrá que analizar la necropsia, la temporalidad de las lesiones, los indicios del lugar, los testimonios y los registros internos. Es la parte penal y forense del caso.

La parte institucional es más amplia. Incluso si la conclusión fuera una autoagresión, permanecerían preguntas sobre su valoración médica y psicológica, el seguimiento recibido, las condiciones de su estancia y la vigilancia que tenía. Si se confirma un homicidio, la exigencia será todavía mayor: explicar cómo ocurrió una agresión dentro de un penal que ya había recibido una recomendación para prevenir violencia letal.

La muerte ocurrió bajo custodia. Por ello, la autoridad no puede limitarse a esperar un dictamen y cerrar el expediente con una causa médica. Debe reconstruir qué pasó antes, quién debía vigilar y cuáles medidas existían realmente detrás de los comunicados. Rommel murió dentro de San Miguel; ahora corresponde al Estado explicar por qué no pudo mantenerlo con vida.

*IC