RISARALDA, Colombia. — Una niña indígena del pueblo Embera Chamí fue víctima de una brutal agresión física el pasado 29 de mayo en la comunidad de Gitó Dokabú, ubicada en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda. El ataque fue grabado en video y difundido en redes sociales, generando una ola de indignación nacional e internacional.
En las imágenes, que circularon ampliamente en la plataforma X (antes Twitter), se observa cómo la menor es golpeada violentamente por dos hombres con tallos herbáceos, mientras una mujer la amarra del techo y la cubre con una cobija. Los gritos de la niña durante la golpiza estremecieron a usuarios, defensores de derechos humanos y organismos públicos.
Autoridades colombianas rescatan a la víctima y abren investigación
Tras conocerse el caso, las autoridades colombianas actuaron de inmediato para rescatar a la adolescente, quien fue trasladada al hospital San Rafael de Pueblo Rico y posteriormente al Hospital Santa Mónica, donde se confirmó que su estado de salud es estable y sin fracturas internas.
La Ruta de Protección de Derechos fue activada por la Procuraduría Regional de Risaralda y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con apoyo de intérpretes para garantizar la comunicación con la víctima. Actualmente, la menor permanece resguardada en un hogar de paso, donde recibirá atención médica, psicológica y jurídica.
“El gobierno departamental reafirma su compromiso con la protección de la niñez risaraldense”, indicó un vocero oficial.
La violencia no es un hecho aislado: Defensoría del Pueblo
Johanna Marín, defensora delegada para los derechos de la niñez, advirtió que este caso representa una muestra de violencia estructural y sistemática que afecta a niñas y mujeres en distintas comunidades del país:
“Esto no es un hecho aislado. Es una expresión de violencia profunda que atraviesa las culturas y que debe ser erradicada con urgencia. Ninguna práctica cultural puede estar por encima del interés superior de la niñez”.
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha exigido acciones inmediatas y coordinadas para garantizar la protección de la menor, investigar a fondo el caso y sancionar a los responsables, sin excepciones basadas en autonomía o justicia indígena.
Comunidades indígenas condenan la violencia
El caso también provocó reacciones dentro del propio resguardo indígena Gitó Dokabú, donde líderes comunitarios expresaron su rechazo absoluto a la violencia contra mujeres. Informaron que los presuntos agresores han sido detenidos bajo jurisdicción indígena.
“Rechazamos el maltrato a las mujeres. A las mujeres no se les puede tocar. Ya tenemos capturados a los presuntos responsables”, señaló un vocero indígena.
Asimismo, la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia y la Comisión de la Mujer de AICO por la Pachamama emitieron un comunicado conjunto condenando los hechos y recordando que tales actos contradicen los principios culturales, espirituales y políticos de los pueblos originarios.
Un debate urgente: límites de la justicia indígena
La difusión del caso ha reavivado el debate sobre los límites entre la autonomía de los pueblos indígenas y la obligación del Estado de proteger los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.
Organizaciones civiles han señalado que, si bien se deben respetar los sistemas de justicia propios, ninguna costumbre puede justificar el maltrato infantil ni eximir a los agresores de ser sancionados conforme a la ley nacional e internacional.
Exigencias de justicia y protección
El video ha generado una intensa discusión en medios y plataformas sociales, con llamados urgentes a:
Sancionar ejemplarmente a los responsables.
Fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia en comunidades indígenas.
Capacitar a líderes comunitarios sobre derechos humanos.
Vigilar que la justicia propia no encubra prácticas violentas.
La Defensoría del Pueblo seguirá acompañando el proceso legal y de recuperación de la joven, y ha reiterado que supervisará que sus derechos no sean vulnerados en ninguna fase del proceso.
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